El Supremo excluye a Vox de los debates electorales de Castilla y León por carecer de grupo propio

El Tribunal Supremo ha desestimado la petición de Vox de participar en los debates electorales del próximo 31 de enero y del 9 de febrero con motivo de los comicios autonómicos de Castilla y León. El alto tribunal esgrime que la formación de Santiago Abascal no reúne «las condiciones exigidas en la ley electoral de Castilla y León, al no tener grupo parlamentario propio». Esta norma está recogida en el artículo 31 bis de la Ley Electoral de Castilla y León, 3/1987, de 3 de enero.

Vox obtuvo un procurador en la cámara regional en las elecciones autonómicas de 2019, por lo que no pudo formar un grupo propio. El partido de Abascal presentó un recurso contra el acuerdo de la Junta Electoral Central del pasado 20 de enero, que confirmó su ausencia en los debates electorales de esta campaña. Vox también solicitó como medida cautelar que, mientras se resolvía, el Tribunal Supremo acordase su participación en los mismos.

Vox no podrá participar en los debates, pero el Tribunal Supremo pide a la Junta Electoral Central que asegure que «las medidas compensatorias por no participar en los debates respondan a lo establecido en una instrucción de la Junta Electoral de Castilla y León de 2019».

Esta medida señala que se debe «proporcionar información compensatoria suficiente sobre los demás candidatos, respetando los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa».

La instrucción 4/2011 de la Junta Electoral Central recoge también que en la emisión de debates entre los candidatos de las distintas formaciones con grupo parlamentario propio en las Cortes de Castilla y León, conllevará que el medio de comunicación de titularidad pública o la televisión privada emitente deba «realizar otros debates bilaterales o multilaterales, o proporcionar información compensatoria suficiente sobre los demás candidatos».

El recurso de Vox

La vicesecretaría Nacional Jurídica de Vox, Marta Castro, fue la encargada de presentar este recurso. En el escrito, recordó el criterio de la Junta Electoral Central, del acuerdo del 9 de mayo de 2019, para mantener el pluralismo político y proporcionalidad, según el cual «se otorgaría información compensatoria suficiente a las formaciones que aún teniendo representación en las Cortes no tuvieran grupo parlamentario propio».

La formación de Santiago Abascal pidió que se definieran las medidas compensatorias. Castro argumentó que «corresponde a las Juntas velar para que la información compensatoria sea realizada cumpliendo con los requisitos de pluralismo político y proporcionalidad que impone la LOREG». También recordó «la exigencia legal de dos debates de formato restringido en una campaña de 15 días hace difícil la celebración de otros debates más amplios de carácter general».

Castro advirtió en su recurso de que Vox concurre con la representatividad general de las elecciones nacionales de noviembre de 2019, donde obtuvo seis diputados nacionales por las provincias castellano-leonesas. Una situación que «modifica la representatividad obtenida en la anterior convocatoria equivalente por la que además ya obtuvo un procurador en Cortes».